Violencia delictiva amenaza la exportación aguacatera de casi 4 mil millones de dólares

Tras ocho días de cierre, Estados Unidos reanudó el pasado 13 de agosto sus operaciones de inspección en Michoacán, permitiendo la certificación de nuevos embarques de aguacate hacia ese país. La interrupción, iniciada el 5 de agosto, respondió a preocupaciones de seguridad vinculadas con la aprehensión de Alfonso Fernández Magallón, cabecilla del Cártel de Los Reyes adscrito a Cárteles Unidos, organización clasificada como terrorista por Washington en febrero de 2025. El gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por su captura. Entre los incidentes reportados figuraron amenazas dirigidas a personal del Departamento de Agricultura estadounidense. Para normalizar las operaciones, las autoridades mexicanas desplegaron más de 1,500 efectivos entre militares y Guardia Nacional, implementando además protocolos de seguridad coordinados con la embajada norteamericana. Esta constituye la tercera suspensión en cuatro años: en 2022 tras amenazas a un inspector y en junio de 2024 después de agresiones y retención de dos funcionarios del USDA. La relevancia de estos hechos radica en los montos económicos involucrados. México produce anualmente cerca de 2.7 millones de toneladas de aguacate, cifra proyectada en 2.8 millones para 2026, siendo Michoacán el productor predominante. Durante 2025 las exportaciones mexicanas alcanzaron aproximadamente 3,900 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos adquirió alrededor de 3,650 millones, representando más del 90 por ciento del total. A nivel global, México concentra cerca del 40 por ciento del valor en exportaciones de aguacate. En términos nacionales, este cultivo constituye 7.4 por ciento del valor total de la producción agrícola. En Michoacán la importancia es superior: aproximadamente 48,000 productores, 94 empacadoras y más de 150,000 empleos directos e indirectos dependen de esta cadena productiva. La industria aguacatera representa cerca de 4 por ciento de la economía estatal y 40 por ciento de su PIB agropecuario, con estimaciones que sitúan en más de 200,000 los empleos nacionales vinculados. Durante la semana de cierre, los supermercados estadounidenses mantuvieron abastecimiento gracias a inventarios existentes y mercancía en tránsito. Sin embargo, la imposibilidad de certificar nuevos embarques alteró calendarios de entrega y generó incertidumbre económica para productores, empacadores, transportistas y compradores. El episodio confirma nuevamente cómo la criminalidad organizada impacta el comercio exterior mexicano, mediante extorsión a diversos actores de la cadena y amenazas que paralizan operaciones certificadoras. Aunque se logró el regreso de inspectores, el despliegue militar como respuesta temporal no constituye solución sostenible, requiriéndose protección permanente de personal inspector y rutas comerciales.