Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela en los últimos días han dejado una estela de destrucción que resulta particularmente familiar para los mexicanos, quienes vivieron tragedias similares en 1985 y 2017. Testimonios de corresponsales en La Guaira describen escenas desgarradoras: barrios como Caraballeda y Los Corales convertidos en escombros, montañas de ruinas de más de diez metros de altura, y miles de jóvenes trabajando sin descanso para rescatar a supervivientes entre los detritos. El silencio de las primeras horas dio paso al caos de motocicletas transportando ayuda y trasladando heridos, mientras resonaban llantos dispersos en toda la región. Frente a este panorama, la respuesta internacional debe basarse en la solidaridad genuina. Venezuela requiere con urgencia ayuda humanitaria sin condiciones políticas: agua potable, medicinas, alimentos, maquinaria de rescate y equipos de búsqueda. Un desastre de esta magnitud pone a prueba a cualquier gobierno, pero en el caso venezolano la crisis se agrava porque el país ya enfrenta años de deterioro infrastructural y debilidad institucional. Aunque el origen de la tragedia es natural, sus consecuencias exponen fracturas previas en el régimen, incluyendo sistemas de respuesta deficientes. La coyuntura política del país, marcada por la transición de poder tras la salida de Nicolás Maduro y la permanencia de Delcy Rodríguez sin legitimidad electoral mientras María Corina Machado permanece excluida del proceso político, añade complejidad. Sin embargo, este no es el momento para disputas de poder. La prioridad debe ser salvar vidas y aliviar el sufrimiento inmediato de las víctimas.
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