Teotihuacán: cuando la respuesta oficial convierte un crimen en crisis diplomática

El ataque perpetrado el lunes pasado en la pirámide de la Luna de Teotihuacán por Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, dejó un saldo de una canadiense fallecida y más de una docena de heridos de diversas nacionalidades. El agresor portaba una pistola escuadra calibre .38 Súper con 50 cartuchos, un cuchillo táctico de 15 centímetros y material que evidenciaba su inclinación neonazi, incluyendo una copia del Mein Kampf y una imagen con IA que lo vinculaba a los responsables de la masacre de Columbine de 1999. Tras disparar contra los visitantes desde la plataforma intermedia, ascendió a la cima donde se suicidó tras recibir un disparo en la pierna de un guardia nacional. Los indicios apuntan a una severa crisis psicológica combinada con fanatismo extremista, un escenario para el cual protocolos de seguridad convencionales resultan insuficientes. Sin embargo, la verdadera problemática no radicó en lo ocurrido, sino en cómo el gobierno mexicano lo manejó comunicacionalmente. Durante La Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a Rosa Icela Rodríguez, Omar García Harfuch, Claudia Curiel, el comandante Guillermo Briseño y autoridades del Estado de México. El denominador común de sus declaraciones fue resaltar que la seguridad de la Copa Mundial 2026 no estaba comprometida. Al establecer este nexo, las autoridades transformaron un acto criminal aislado en una cuestión de soberanía estatal. Esta decisión comunicacional amplificó internacionalmente un evento que habría merecido una respuesta institucional discreta: comunicados técnicos del INAH informando el cierre temporal, la FGJEM anunciando la carpeta de investigación, la SRE activando protocolos consulares en silencio. Un día antes, Louisiana presenció un suceso similar con menor repercusión global. La diferencia radicó en que la reacción oficial mexicana inyectó dimensión política a un hecho que no la requería. La mención al Mundial fue particularmente contraproducente, pues en lugar de proyectar control, expuso la preocupación gubernamental sobre posibles endurecimientos en alertas de viaje estadounidenses. Una estrategia alternativa hubiera consistido en mantener el asunto en canales institucionales ordinarios, permitiendo que la gravedad inherente al acontecimiento se procesara sin amplificación política innecesaria.