Propietarios e inversionistas cuestionan reforma de rentas en Ciudad de México por posibles restricciones

El sector inmobiliario expresó sus preocupaciones respecto a la Ley de Relaciones Inquilinarias, Rentas Justas, Razonables y Asequibles propuesta por las autoridades capitalinas, señalando que diversas medidas contenidas en el proyecto podrían impactar negativamente en el mercado de vivienda en alquiler y desalentar la inversión. Salvador Sacal, experto en asuntos inmobiliarios, cuestionó modificaciones que la iniciativa plantea al marco normativo capitalino en torno a la duración y renovación de contratos, señalando que buena parte de estos aspectos ya se encuentran regulados en la legislación vigente. El especialista expresó su inconformidad con la redundancia de disposiciones, argumentando que no debería derogarse lo ya establecido en el Código Civil para incorporarlo nuevamente en una ley distinta. Preocupación por el registro digital de contratos Sacal también manifestó inquietud respecto al sistema de registro digital de arrendamientos propuesto. La ley requeriría que los propietarios inscriban los contratos proporcionando información como identidad de las partes, domicilio del bien, montos de renta y depósito, así como tipo de garantía. El experto advirtió que este registro debe adecuarse a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó que dichos registros deben limitarse a datos esenciales para estadísticas y diseño de políticas públicas, evitando información que identifique a las partes o detalles contractuales innecesarios. La norma establece que las inscripciones deben realizarse en treinta días posteriores a la firma del contrato bajo riesgo de multas equivalentes a uno o tres meses de renta. Restricciones adicionales que generan alarma Los actores del mercado también expresaron inquietud sobre los procedimientos de mediación y acompañamiento ante desalojos, así como las restricciones impuestas a los procesos de selección y verificación de inquilinos. El artículo veintitrés de la iniciativa prohíbe que los arrendadores transfieran gastos derivados de intermediación, consultas de crédito, verificación fiscal y pólizas de protección jurídica. Adicionalmente, limita los procesos de investigación sobre los futuros inquilinos únicamente a aspectos relacionados con capacidad económica y requiere consentimiento previo del interesado. Desafíos para la construcción de nuevas viviendas Tony Hánna, directivo de Hanna Inmobiliaria, también cuestionó los obstáculos existentes para obtener permisos de construcción y el incremento en los costos de terrenos en la capital, condiciones que según su análisis dificultan la realización de nuevos desarrollos inmobiliarios.