Organizaciones ambientales denuncian más de mil concesiones mineras activas en zonas protegidas de México

Organizaciones ambientales han levantado la voz de alerta respecto a la persistencia de actividades mineras dentro de territorios bajo protección ambiental federal. De acuerdo con la Colectiva Cambiémosla Ya, existen actualmente más de 1,300 permisos mineros vigentes distribuidos en Áreas Naturales Protegidas mexicanas, abarcando una extensión superior a 680,270 hectáreas. El pronunciamiento surge tras los anuncios realizados por Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien informó sobre la recuperación de 272,000 hectáreas que habían sido otorgadas en concesión para explotación minera. Aunque la colectiva reconoce este avance como positivo, subraya que persiste un volumen significativo de permisos mineros en territorios de conservación ambiental que requieren atención inmediata. Según la legislación vigente en materia de minería, está expresamente prohibido desarrollar cualquier tipo de actividad minera, ya sea exploración, explotación o procesamiento, dentro de las ANP. Por esta razón, la organización exige la cancelación de los permisos que continúan activos, argumentando que estos representan amenazas considerables para el patrimonio natural del país. La preocupación de los activistas ambientales se extiende también al aspecto presupuestario. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 destina apenas 16.2 pesos por hectárea para labores de protección y administración de estas áreas, cantidad que la colectiva considera insuficiente considerando la vastedad territorial que debe ser monitoreada, especialmente en contextos donde operan concesiones mineras. Adicionalmente, se ha identificado un vacío regulatorio importante. Tanto la Secretaría de Medio Ambiente como la Secretaría de Economía no han publicado los reglamentos requeridos según las disposiciones de la Ley de Minería, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como la normativa hídrica relacionada con operaciones mineras, lo que limita la aplicación completa de estas regulaciones.