La devastación causada por el doble terremoto que azotó Venezuela ha dejado tras de sí una segunda tragedia: el pillaje sistemático de viviendas y establecimientos comerciales en el estado de La Guaira, zona costera adyacente a Caracas que registra los daños más severos. Las autoridades reportan 1.450 fallecidos y decenas de miles de desaparecidos, cifra que contrasta con la angustia de sobrevivientes que no solo perdieron sus hogares sino también sus pertenencias a manos de bandas de saqueadores. En redes sociales circulan múltiples registros audiovisuales que documentan el robo masivo de electrodomésticos, medicinas y víveres. Comercios de cadenas de farmacias, supermercados y pequeñas tiendas han sido vaciados mientras aún yacen cuerpos bajo los escombros. María Esther Bernal, propietaria de 71 años que arrendaba locales a comerciantes chinos, relata con dolor que no dejaron ni el papel de las paredes en sus establecimientos. La situación se agrava con acusaciones contra efectivos de seguridad estatal, quienes presuntamente participan en los saqueos, incluso profanando cadáveres. Zulay de Carvajal, una adulta mayor de 72 años, confirma que criminales ingresaron a su hogar despojándola de ropa, zapatos y enseres domésticos. Su hijo Gregory presenció cómo mientras extraían personas fallecidas de los escombros, grupos de delincuentes saqueaban indiscriminadamente. Hay reportes de individuos sustrayendo combustible de vehículos inutilizados, otros falsificando uniforme de bomberos, y militares cometiendo robos en domicilios privados. La población reclama no solo operaciones de rescate más efectivas, sino también control de seguridad, distribución de alimentos, agua potable y medicamentos. El gobierno respondió militarizando la región e implementando un sistema de salvoconductos que debe tramitarse en la capital, restricción que ha generado más frustración entre damnificados que esperan asistencia humanitaria.
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