México moderniza su marco regulatorio de inversión extranjera bajo presión geopolítica estadounidense

La iniciativa presentada por la Presidenta Sheinbaum para reformar la Ley de Inversión Extranjera emerge en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y China, donde Washington busca garantizar que México actúe como aliado inquebrantable y establezca límites claros a la presencia china en territorio mexicano. El origen de esta propuesta se remonta a diciembre de 2023, cuando la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen visitó México y cuestionó la verdadera magnitud de la inversión china en el país. A pesar de que China es el segundo socio comercial de México, no aparece entre los diez principales inversionistas en los registros oficiales, una inconsistencia que ha mantenido en alerta a Washington. Bajo la administración Trump, las exigencias se han intensificado. Estados Unidos ha acusado a México de servir como puerta de entrada para operaciones de manufactura simulada que permiten a productos chinos ingresar a territorio estadounidense bajo falsas identidades. Estas acusaciones constan en un documento de 25 páginas elaborado por la oficina de Peter Navarro en la Casa Blanca, conocido como la Gran Estafa. México ya cuenta con legislación sobre inversión extranjera y una Comisión Nacional que depende de la Secretaría de Economía, aunque los expertos reconocen que el régimen actual carece de parámetros y lineamientos claros. La nueva propuesta incorpora explícitamente la dimensión de Seguridad Nacional y amplía la revisión a sectores estratégicos como Energía, Transporte, Salud y Comunicaciones. La reforma responde tanto a intereses nacionales legítimos como a las expectativas de nuestro principal socio comercial, estableciendo controles sobre potenciales amenazas a intereses nacionales provenientes de actores extranjeros.