El descubrimiento de irregularidades en el examen de admisión de la UNAM, presuntamente vinculadas al uso de inteligencia artificial, ha trascendido el ámbito institucional para plantear una cuestión más trascendental: cómo deben las universidades medir el conocimiento cuando los estudiantes tienen acceso a herramientas capaces de resolver problemas matemáticos, redactar textos, programar y explicar conceptos en segundos. La transformación educativa que impone la tecnología requiere un cambio fundamental en los mecanismos de evaluación. Mientras que históricamente los exámenes se diseñaron para cuantificar el aprendizaje adquirido en un período específico, privilegiando ya sea la memorización, el análisis o el pensamiento crítico, estos enfoques tradicionales pierden relevancia en un contexto donde la información es inmediatamente accesible. Las capacidades que ahora cobran importancia son aquellas que la tecnología puede potenciar pero no reemplazar: la formulación de preguntas pertinentes, la evaluación crítica de fuentes, la interpretación de datos y la solución creativa de problemas. Naciones como Estados Unidos e Italia han comenzado a implementar evaluaciones orales y defensas de proyectos para verificar que los estudiantes comprendan genuinamente sus trabajos y puedan articular su razonamiento. Emily Hammer, académica de la Universidad de Pensilvania, ha señalado que el abuso de estas herramientas puede atrofiar el desarrollo de capacidades cognitivas fundamentales para la educación superior. El desafío trasciende las universidades. Las empresas enfrentan una problemática análoga respecto a la selección de personal, pues reconocen cada vez más que un título universitario no garantiza automáticamente las competencias necesarias para un puesto, mientras que las pruebas de contratación también pueden verse comprometidas por la inteligencia artificial. Los empleadores deberán reconfigurar sus criterios de evaluación y selección. La respuesta de la UNAM al detectar y revisar sus procesos establece un precedente institucional valioso. Reconocer nuevos riesgos y actuar en consecuencia resulta más prudente que asumir que los mecanismos convencionales permanecen intactos. De cara a 2030, la evaluación del conocimiento exigirá ir más allá de medir cuánto ha aprendido una persona, requiriendo una valoración integral de competencias transversales.
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