Tras una década de operación del sistema procesal penal acusatorio en México, Giovanni Figueroa Mejía, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subrayó que el principal reto radica en dotar de capacidades suficientes a las instituciones responsables de su funcionamiento. Durante su participación en la conferencia magistral impartida en el Campus Roma de la Universidad Vizcaya de la Américas en Ciudad de México, Figueroa Mejía enfatizó que las fiscalías constituyen un elemento determinante en esta evaluación. El ministro consideró que más allá de analizar únicamente el desempeño de los tribunales y jueces orales, es imprescindible concentrar la atención en la capacidad institucional de investigación de las fiscalías. En consecuencia, propuso que a la reforma del Poder Judicial se sume una segunda reforma enfocada en las fiscalías, además de impulsar la capacitación permanente de sus recursos humanos. Basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática correspondientes a 2024 y en jurisprudencia de la Corte, Figueroa Mejía presentó diversos hallazgos sobre el funcionamiento actual del sistema. Destacó que el procedimiento se estructura en tres etapas: investigación inicial, fase intermedia y juicio; que aunque el juicio oral constituye el centro constitucional del modelo, representa estadísticamente una minoría de casos; y que los mecanismos alternativos de solución y el procedimiento abreviado forman parte integral del diseño para lograr reparación del daño en plazos más breves. El ministro también reconoció que la Suprema Corte ha ejercido un papel crucial en la evolución y consolidación gradual del sistema a través de jurisprudencias que han aclarado aspectos no previstos en la reforma constitucional de 2008. Concluyó señalando que el actual sistema representa la transformación más significativa en la historia de la justicia penal mexicana al instaurar un modelo fundamentado en la oralidad.
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