Impunidad administrativa en México: 93% de investigaciones por corrupción quedan sin castigo

Un análisis de Transparencia Mexicana revela la profunda brecha entre las investigaciones por posibles actos de corrupción y las sanciones efectivas en México. Durante la década de 2015 a 2025, los órganos de fiscalización superior del país iniciaron pesquisas sobre 5,100 probables responsabilidades administrativas, pero apenas 363 concluyeron con castigos definitivos, cifra que refleja una efectividad nacional de apenas 7.11 por ciento. El estudio evaluó el desempeño de la reforma de 2015, mediante la cual el Congreso de la Unión amplió las atribuciones de organismos federales y estatales para perseguir faltas administrativas graves vinculadas con corrupción. Resultados dispares entre niveles de gobierno. El análisis destaca contrastes significativos entre la Auditoría Superior de la Federación y los organismos estatales. La ASF investigó 1,542 casos, equivalentes a 30.2% del total nacional, pero sólo alcanzó 15 sanciones, resultando en una efectividad de 0.97 por ciento. En contraste, los organismos de fiscalización estatal concentraron 3,558 investigaciones y lograron 348 sanciones, alcanzando una efectividad de 9.78 por ciento. Estados con mayor carga de trabajo. Nayarit encabeza el ranking nacional con 829 investigaciones iniciadas, de las cuales se derivaron 97 sanciones. Jalisco le sigue con 589 casos y 18 sanciones. Por el contrario, entidades como Chihuahua y Zacatecas demostraron mayor capacidad sancionadora, con 69 y 63 castigos respectivamente. Jurisdicciones paralizadas. El informe documenta que 17 entidades federativas no registraron ninguna sanción durante el periodo, pese a haber iniciado investigaciones. San Luis Potosí representa el caso más extremo, con 161 investigaciones y 17 sentencias definitivas, pero cero sanciones aplicadas.