Igualdad de género: ¿realmente una prioridad en el presupuesto 2027?

Con la llegada de septiembre comienza el ciclo presupuestario anual en México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante la Cámara de Diputados su propuesta de gasto para 2027, documento que permanecerá bajo análisis legislativo hasta el 15 de noviembre. En un contexto donde las necesidades superan los recursos disponibles, la pregunta sobre las verdaderas prioridades gubernamentales resulta inevitable. El empresario estadounidense James W. Frick lo resumió magistralmente: observar dónde se invierte el dinero revela cuáles son realmente las prioridades de una administración. El Paquete Económico contempla un gasto total de 10.51 billones de pesos, lo que representa un crecimiento real de casi 27 por ciento comparado con 2018. Según análisis del IMCO, seguridad recibiría incrementos de 17 por ciento respecto a 2026, salud 11 por ciento y educación 7 por ciento en términos reales. En contraste, sectores como minería, construcción y energía enfrentarían reducciones significativas, de 46 y 18 por ciento respectivamente. Respecto a la igualdad de género, el gobierno propone canalizar 636 mil millones de pesos mediante el Anexo 13, herramienta creada en 2008 que reúne recursos de distintas dependencias federales dedicados a programas que promuevan igualdad entre hombres y mujeres. Esta cifra representa el 6 por ciento del presupuesto total. Sin embargo, la composición de estos recursos plantea interrogantes preocupantes. Aproximadamente 83 de cada 100 pesos destinados a cerrar brechas de género se dirigirían hacia programas sociales, principalmente Pensiones para Adultos Mayores y la Beca Rita Cetina para estudiantes. Aunque estas iniciativas benefician a mujeres, no necesariamente abordan directamente las barreras estructurales que generan desigualdad. De acuerdo con investigaciones del IMCO, solo 35 por ciento de estos programas desagrega información de beneficiarios por sexo, y apenas 21 por ciento incluye objetivos explícitos para reducir la brecha de género. Este enfoque evidencia una desconexión entre el gasto social y la transformación de las desigualdades sistemáticas que enfrentan las mujeres mexicanas.