Expertos de la ONU acusan a Bielorrusia de represión sistemática mediante el aparato judicial contra opositores

Un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas presentará esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que documenta cómo las autoridades bielorrusas han coordinado acciones represivas contra críticos del régimen de Alexander Lukashenko a través del sistema judicial durante los últimos años. Según el documento, organismos como los tribunales, fuerzas policiales, servicios de seguridad, fiscalía y el sistema penitenciario actuaron conjuntamente para perseguir y silenciar a opositores reales o presuntos. El informe señala la existencia de violaciones sistemáticas de compromisos internacionales en materia de derechos fundamentales, abarcando todo el ciclo de represión desde la detención inicial hasta el seguimiento posterior a la liberación. Los expertos documentaron detenciones sin causa legal justificada, uso de tortura, vulneración de derechos procesales básicos, procesos judiciales a puertas cerradas y persecución continua de exdetenidos. La misión de Bielorrusia en Ginebra no proporcionó respuesta inmediata sobre las acusaciones. Las autoridades de Minsk han rechazado sistemáticamente las críticas internacionales relacionadas con derechos humanos y se han negado a cooperar con los investigadores de la ONU, ignorando solicitudes de visitas al territorio y encuentros oficiales. El análisis subraya que el poder judicial ha jugado un papel central al legitimar los abusos y cerrar el acceso a recursos legales efectivos para las víctimas. Los especialistas concluyeron que algunos actos cometidos desde mayo de 2020 podrían configurar crímenes contra la humanidad, en particular las prácticas de persecución política y encarcelamiento. El contexto de estos hallazgos se remonta a las protestas masivas que siguieron a las elecciones presidenciales de agosto de 2020, que fueron cuestionadas por la oposición y gobiernos occidentales por posibles irregularidades. Miles de ciudadanos fueron capturados durante la represión subsiguiente y organismos defensores de derechos humanos continúan registrando la existencia de prisioneros de conciencia. Lukashenko ha negado la existencia de presos políticos en el país, denominando delincuentes a los afectados.