Un grupo de estados liderados por gobiernos demócratas presentó una demanda legal este lunes contra la Administración Trump con el propósito de detener una nueva medida que autoriza a las agencias federales de control migratorio a acceder a información sobre familias de bajos ingresos que participan en programas de asistencia económica. Esta acción judicial representa el más reciente enfrentamiento legal respecto a los esfuerzos de la Administración por facilitar que funcionarios migratorios obtengan acceso a datos personales delicados de millones de ciudadanos que se encuentran en registros de otras entidades gubernamentales. Rob Bonta, fiscal general de California perteneciente al Partido Demócrata, manifestó en un comunicado que la Administración Trump está instrumentalizando un programa cuyo objetivo original es garantizar la alimentación de menores y respaldar a familias en situación de vulnerabilidad, con la intención de ejecutar un plan de vigilancia de gran escala. La demanda cuestiona una disposición dada a conocer en junio pasado por la Administración para Niños y Familias, organismo dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que busca permitir la transmisión de expedientes de familias beneficiarias del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas hacia otras dependencias administrativas. El TANF, sostenido mediante financiamiento federal y operado por los estados, destina anualmente más de 16,000 millones de dólares a nivel estatal para brindar apoyo a familias con hijos cuyas rentas son bajas, incluyendo transferencias monetarias. Los estados demandantes han argumentado ante una corte federal con sede en Washington que la legislación que crea el TANF asigna específicamente a las entidades estatales, y no a la administración central, la facultad de examinar si los solicitantes cumplen con los requisitos necesarios para acceder a los beneficios del programa.
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