Mientras expresidentes mexicanos se alinean públicamente en apoyo a candidatos presidenciales, la realidad económica del país muestra cifras devastadoras que van mucho más allá de las proclamas sobre soberanía nacional. Según el Instituto para la Economía y la Paz, la violencia y el crimen organizado drenan anualmente 4 billones de pesos de la economía mexicana, lo que representa el 11 por ciento del Producto Interno Bruto. Esto equivale a un costo invisible de 30 mil pesos por cada mexicano. En estados como Guerrero, Morelos y Sinaloa, donde la presencia del crimen organizado ha socavado las instituciones, esta cifra alcanza hasta el 20 por ciento del PIB estatal. Los grupos delictivos mexicanos operan como corporaciones criminales sofisticadas, no como simples bandas de delincuentes, y su funcionamiento depende directamente de la protección política que reciben. Estimaciones indican que la economía criminal representa 3.5 por ciento del PIB nacional, una cifra superior a muchos sectores productivos legales del país. Las consecuencias trascienden fronteras. El tráfico de fentanilo y opioides sintéticos desde México ha generado una crisis humanitaria en Estados Unidos que le cuesta a esa economía 2.7 billones de dólares anuales en pérdida de productividad, gastos sanitarios y muertes prematuras. Aproximadamente 75 mil personas fallecen anualmente en aquel país por esta causa, y cerca de 5.7 millones de estadounidenses padecen adicción a los opioides. A pesar de estas realidades numéricas documentadas por organismos internacionales, la respuesta política se ha limitado a simplificaciones ideológicas y narrativas defensivas que minimizan la gravedad del fenómeno criminal transnacional. La desconexión entre los datos económicos tangibles y el discurso oficial evidencia una estrategia que prioriza la política sobre la solución de un problema que afecta la seguridad y prosperidad de millones de personas.
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