Capturan al exgobernador de Guerrero por presunta obstrucción de justicia en el caso Ayotzinapa

La aprehensión de Ángel Aguirre marca un giro significativo en la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014, cuando el exfuncionario se desempeñaba como gobernador de la entidad. La captura se realizó el jueves en el Estado de México bajo los cargos de obstaculización de la administración de justicia y desaparición forzada de personas. Según la Fiscalía General de la República, Aguirre habría orquestado un operativo para suprimir y destruir pruebas que podrían aclarar el destino de los normalistas. Las acusaciones se fundamentan en testimonios recientes recopilados durante 2026 y en una revisión exhaustiva de los hallazgos investigativos acumulados a lo largo de casi doce años. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró el viernes que la captura no obedece a móviles de naturaleza política, sino que constituye parte de las pesquisas en torno al suceso, indicando que corresponde a la Fiscalía determinar culpabilidades. La fiscal general Ernestina Godoy expuso que los cargos contra Aguirre incluyen delitos relativos a la administración de justicia y desaparición forzada. La investigación se concentra particularmente en el material audiovisual registrado la madrugada del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando el autobús Estrella de Oro número 1531 que transportaba a normalistas fue interceptado por elementos de policía municipal y estatal, siendo capturado por cámaras de vigilancia doce y quince ubicadas en las afueras del Palacio de Justicia estatal. Las autoridades originalmente señalaron que tales grabaciones no existían por supuestas deficiencias en los sistemas técnicos. No obstante, la Fiscalía determinó que esta versión carecía de fundamento y que las videograbaciones efectivamente existieron y fueron retiradas de forma ilegal. En enero de 2026 surgió un testimonio colaborador que confirmó la existencia del material fílmico e identificó al responsable de su sustracción, quien presuntamente lo entregó directamente al exgobernador. El declarante también narró amenazas que justificarían su prolongado silencio. Un segundo declarante protegido proporcionó información en mayo, aseverando que Aguirre emitió instrucciones durante una reunión con altos funcionarios gubernamentales para eliminar toda evidencia relacionada con los eventos suscitados en las proximidades del Palacio de Justicia de Iguala, sin que la Fiscalía especificara la fecha exacta de dicha reunión.