Alertas sísmicas en centros de trabajo: requisito legal en la CDMX y Estado de México

Las organizaciones privadas establecidas en la Ciudad de México y el Estado de México deben instalar sistemas de alertamiento sísmico en sus instalaciones como medida obligatoria de prevención, conforme a la normatividad vigente. Según Enrique Pintor Prado, especialista en seguridad y gestión de riesgos laborales y docente de posgrado en la UNAM, esta obligación legal busca que las empresas no dependan exclusivamente de las alertas públicas. La alerta sísmica se define como la transmisión audiovisual o aviso claro, único y anticipado de una señal o mensaje destinado a activar acciones preventivas para reducir la vulnerabilidad ante sismos intensos, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. En la Ciudad de México, el artículo 90 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estipula que los inmuebles con más de 250 personas o con funciones de afluencia masiva, como centros comerciales y salas de espectáculos, deben contar con un Sistema de Alertamiento Audible conectado al Sistema de Alerta Sísmica. También es requisito para edificios que superen 30 metros de altura o 6,000 metros cuadrados de construcción, así como para instalaciones que puedan representar riesgos por contener materiales tóxicos o explosivos, incluyendo hospitales, escuelas y terminales de transporte. La Norma Técnica NT-SGIRPC-SDSAS-001-2-2024 define los parámetros técnicos de estos sistemas. En el Estado de México, la Norma Técnica de Protección Civil NTE-003-CGPCYGIR-2025 establece los requisitos específicos. Los sistemas deben conectarse a la señal oficial, como el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México. Pintor Prado enfatiza que es obligación legal que cada centro laboral cuente con su propio sistema de alerta sísmica. Las empresas que incumplan pueden enfrentar sanciones importantes, incluyendo multas económicas, cierre temporal del establecimiento y responsabilidades legales. Las sanciones van de 29,327 hasta 586,550 pesos, según lo establecido en el artículo 221 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.