La ciudad turca de Antalya fue escenario el sábado de una importante movilización ciudadana en la que participaron más de 7,000 personas inconformes con el ritmo de las conversaciones de la cumbre climática de las Naciones Unidas. Los manifestantes, convocados por organizaciones ecologistas, sindicatos y ONG, reclamaron compromisos más ambiciosos frente al cambio climático en momentos en que la conferencia internacional, que reúne a casi 200 países hasta el 20 de noviembre, transita su fase intermedia sin perspectivas de grandes logros. Bajo lluvia y vigilancia policial estricta, miles de personas desfilaron por las calles del centro de Antalya, algunos con disfraces alusivos y otros gritando consignas de protesta. La manifestación representó el mayor movimiento de calle registrado desde el inicio del encuentro el lunes anterior. Halime Saman, vocera de la Cumbre Climática de los Pueblos, uno de los colectivos promotores, expresó su frustración señalando que quienes sufren los impactos de la injusticia climática carecen de voz en los espacios de decisión de la COP. Saman también cuestionó la posición de Turquía, copresidenta del evento, por mantener planes de expansión en combustibles fósiles mediante nuevas plantas generadoras y operaciones mineras de carbón. Entre quienes viajaron para participar figuró Yasar Gokoglu, un hombre de 78 años originario de Adana, quien recorrió casi 600 kilómetros para denunciar lo que describió como una iniciativa controlada por grandes monopolios corporativos. Las autoridades confirmaron la asistencia de más de 7,000 participantes y permitieron el acceso a la concentración únicamente después de aplicar registros minuciosos a los asistentes. El evento transcurrió sin altercados. Paralelamente, dentro del recinto de la COP31 han ocurrido protestas de menor alcance, incluida una con presencia de la activista ambiental sueca Greta Thunberg, todas orientadas a presionar a los líderes políticos para intensificar las medidas contra la crisis climática. En la mitad de su agenda, la COP31 evidencia profundas divergencias entre naciones respecto al financiamiento de medidas adaptativas para países en desarrollo y la transición hacia energías renovables, generando descontento en sectores ambientalistas que consideran insuficientes los avances hasta ahora alcanzados.
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