Sector inmobiliario advierte sobre impacto negativo de restricciones en nueva normativa de vivienda en renta de CDMX

El sector de la vivienda en arrendamiento expresa preocupación por las disposiciones que contempla la iniciativa legislativa en materia de rentas para la Ciudad de México, argumentando que medidas restrictivas podrían desalentar la inversión y profundizar la escasez de opciones habitacionales accesibles. Según Carlos Valladares, máxima autoridad de la Asociación de Vivienda en Renta, es fundamental que cualquier regulación vaya acompañada de estímulos para la construcción, desburocratización de trámites y protección legal para los desarrolladores. La organización señala que los procedimientos actuales para obtener autorizaciones de edificación constituyen un cuello de botella importante, llegando a extenderse entre tres y seis años, lo que frena proyectos habitacionales. El directivo enfatiza que acelerar estos procesos, fortalecer la infraestructura urbana y permitir mayor densificación en zonas con servicios y conectividad resultaría esencial para multiplicar las opciones de vivienda a diversos precios. La Cámara ha solicitado aplazar el análisis de la propuesta hasta finales de noviembre, período que considera vital para establecer mesas de trabajo conjuntas entre funcionarios, organismos civiles e industriales. Respecto al desafío de ampliar viviendas disponibles, Valladares destaca que existe un faltante cercano a setecientas u ochocientas mil unidades habitacionales en la capital, mientras que la administración local aspira a construir treinta mil viviendas nuevas en el corto plazo, un propósito que cataloga como sumamente ambicioso. El representante empresarial documenta un cambio significativo en la ubicación de inversionistas: hace diez años el ochenta por ciento operaba dentro de la Ciudad de México y veinte por ciento fuera; hoy esas proporciones se han invertido. La asociación demanda que la normativa incluya condiciones que atraigan inversión, incrementen proyectos residenciales y eviten disposiciones que contraigan la disponibilidad de inmuebles en el mercado.