La Universidad de Cornell anunció este martes el nombramiento de Sally Yates, quien fue vicefiscal general de Estados Unidos entre 2015 y 2017, para dirigir una investigación exhaustiva sobre cómo la institución respondió ante la presunta violación grupal de una estudiante ocurrida en 2024. El caso ha generado protestas masivas y cuestionamientos sobre la severidad de las sanciones impuestas por la universidad. La denunciante, identificada bajo el seudónimo Jane Doe, alegó que fue obligada a consumir ketamina antes de ser atacada sexualmente por siete miembros de la fraternidad Chi Phi. Aunque Cornell cerró la fraternidad y suspendió temporalmente a los acusados tras las denuncias iniciales, con posterior expulsión de dos de ellos, diversos sectores han criticado que la respuesta institucional fue insuficiente. Anne Meinig Smalling, presidenta de la junta directiva de Cornell, manifestó en un comunicado que la universidad necesita examinarse con el mismo rigor que aplica a otros casos, y busca convertirse en referente en la prevención de violencia sexual y en el apoyo integral a las víctimas. El lunes pasado, miles de estudiantes y docentes se congregaron en el campus portando pancartas exigiendo rendición de cuentas y protección para las sobrevivientes. Paralelamente, la investigación penal fue reabierta tras la intervención de Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York, tras decisión anterior de autoridades locales de no formular acusaciones alegando falta de evidencia sobre la ausencia de consentimiento. Estadísticas estadounidenses muestran que una de cada cuatro estudiantes universitarias reporta haber experimentado contacto sexual forzado sin consentimiento, según datos de 2020 que abarcan 33 instituciones académicas.
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