Los últimos días de septiembre han puesto de manifiesto una transformación preocupante en el entorno institucional mexicano que impacta directamente en la percepción de seguridad para los capitales extranjeros. Tres eventos convergentes ilustran cómo la aplicación selectiva de normas erosiona la certidumbre que requieren los inversionistas. El primero fue el ingreso de manifestantes a Los Pinos que resultó en la destrucción de una estatua del expresidente Felipe Calderón. Lo relevante no es el acto vandálico en sí, sino que ocurrió sin intervención de la fuerza pública, enviando un mensaje implícito sobre qué actos de violencia serán tolerados según su orientación política. Esta permisividad selectiva genera incentivos para que otros actores adopten estrategias similares contra sus adversarios, creando un clima de incertidumbre. En paralelo, el Congreso aprobó que las Fuerzas Armadas participen en la evaluación de la Inversión Extranjera Directa. Esta militarización del arbitraje de capitales introduce criterios ajenos a la lógica financiera y competitiva, obligando a posibles inversionistas a incorporar la discrecionalidad castrense en sus análisis de riesgo, lo que incrementa notoriamente la prima de riesgo país. Simultáneamente, se impulsa la llamada Ley Antimemes, que busca regular contenido en redes sociales mediante conceptos ambiguos como daño a la imagen. Aunque se justifique como medida puntual, el mensaje que reciben los tomadores de decisiones es que la libertad de expresión está supeditada a criterios discrecionales de las autoridades. Para contexto, la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009 fue una decisión efectiva: la empresa registraba pérdidas operativas del treinta por ciento e implicaba transferencias federales anuales superiores a cuarenta mil millones de pesos. CFE asumió exitosamente la operación y contuvo el desequilibrio fiscal. Sin embargo, ahora el énfasis parece invertirse hacia decisiones que multiplican las incertidumbres. Cuando la violencia política goza de protección selectiva, la inversión queda sujeta a arbitraje militar y la expresión crítica enfrenta amenazas regulatorias, las reglas del juego se transforman fundamentalmente, alejando a México del perfil institucional que demandan los capitales internacionales.
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