Reducir efectivo no elimina la criminalidad financiera

México enfrenta una circulación abundante de dinero en efectivo, con un saldo de 3.5 billones de pesos registrado por el Banco de México al 14 de septiembre de 2026. Esta cantidad representa un crecimiento anual nominal de 6.82 por ciento, lo que se traduce en aproximadamente 34,650 pesos per cápita para la población adulta mayor a 15 años, estimada en 102 millones de personas. Ante esta realidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha propuesto una iniciativa para prohibir el uso de efectivo en determinados sectores estratégicos, como medida para combatir actividades delictivas. La premisa fundamental sostiene que limitar el dinero en papel dificultaría operaciones como lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción. Sin embargo, especialistas advierten que esta lógica simplifica excesivamente un problema mucho más complejo. Aunque la legislación actual ya restringe transacciones en efectivo para operaciones de alto valor como bienes raíces, vehículos y joyas, reducir la circulación de billetes no garantiza la disminución de delitos financieros. Los criminales disponen de alternativas sofisticadas para movilizar recursos ilícitos. Pueden utilizar transferencias bancarias entre cuentas, empresas fachada, intermediarios, criptomonedas, facturación falsa en operaciones comerciales internacionales y sistemas informales de compensación. La verdadera debilidad radica en la capacidad institucional para rastrear dinero de origen criminal, no en la existencia de billetes circulando. Si únicamente se restringe el efectivo mientras las estructuras financieras clandestinas permanecen operativas, se habrá modificado el método de pago sin impactar sustancialmente las prácticas delictivas. La corrupción existe porque hay oferta y aceptación de sobornos con impunidad garantizada, independientemente del instrumento utilizado. El lavado de dinero depende de mecanismos que permitan integrar recursos ilícitos a la economía formal, no exclusivamente del efectivo. La evasión fiscal ocurre cuando se acepta dinero en efectivo sin registrar operaciones tributarias. Por lo tanto, el éxito de cualquier estrategia de restricción al efectivo debería medirse no por la reducción de billetes en circulación, sino por la cantidad de dinero de origen ilegal que efectivamente se logra detectar y frenar.