La informalidad laboral tardía amenaza la sostenibilidad de los sistemas de pensiones latinoamericanos

Un análisis realizado por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones revela que América Latina experimenta una transición preocupante en sus mercados laborales. Entre los 50 y 75 años, los trabajadores de la región no migran hacia la inactividad, sino hacia empleos informales que no generan cotizaciones suficientes para mejorar sus pensiones futuras. Los investigadores Álvaro Altamirano y Manuel García-Huitrón estudiaron ocho países y encontraron que mientras la participación laboral disminuye entre 5 y 15 puntos porcentuales en este rango etario, la formalidad cae de manera más pronunciada, entre 15 y 30 puntos. Esta situación genera un desafío estructural para los sistemas previsionales que deben financiar retiros cada vez más prolongados con menores aportes acumulados. El fenómeno adquiere dimensiones más complejas cuando se analiza la densidad de cotizaciones. Los trabajadores entre 50 y 65 años generan aproximadamente una cuarta parte del ingreso laboral de la región, pero apenas alcanzan una formalidad promedio de 44.3 por ciento. Las disparidades educativas profundizan el problema: quienes poseen educación básica registran solo 15 por ciento de formalidad, mientras que los de educación superior alcanzan 62.2 por ciento. Las mujeres enfrentan desventajas adicionales debido a trayectorias laborales interrumpidas y mayores responsabilidades familiares, lo que reduce significativamente sus posibilidades de reincorporarse al empleo formal en edades avanzadas. Guillermo Zamarripa, presidente de Amafore, subraya que extender los años de trabajo no garantiza extender los años de cotización. La continuidad de las aportaciones resulta fundamental para acumular semanas y recursos destinados a financiar jubilaciones cada vez más largas. Este diagnóstico es crítico considerando que América Latina envejece sin haber consolidado mercados laborales suficientemente formalizados, lo que multiplica la presión sobre sistemas de pensiones ya vulnerables.