El precio oculto del populismo: cómo Hacienda traslada la factura al consumidor

El Paquete Económico 2027 presenta metas de crecimiento moderadas y evita promesas de ajuste fiscal acelerado, lo que permitió a los mercados otorgar el beneficio de la duda al Gobierno Federal respecto a una posible degradación crediticia durante el próximo ejercicio. No obstante, esta postura pragmática contrasta fuertemente con las políticas dirigidas a la ciudadanía electoral, donde la promesa de mantener congelados los precios de combustibles y rechazar nuevos impuestos enmascara aumentos significativos en bienes y servicios públicos cotidianos. La estrategia central para cumplir con el compromiso populista de evitar gasolinazos radica en la reducción de la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En la coyuntura actual, con precios del petróleo nuevamente por encima de los 100 dólares por barril, Hacienda reduce este gravamen para amortiguar el costo al consumidor. Sin embargo, cada peso no recaudado representa miles de millones en gasto fiscal implícito que deja de ingresar a la Tesorería. Se trata de un subsidio regresivo y ambientalmente contraproducente que privilegia la retórica de campaña sobre la inversión en infraestructura médica, educativa y vial. A esto se suma la presión ejercida sobre la cadena privada de hidrocarburos, obligada informalmente a mantener estos subsidios, lo que desalienta inversiones energéticas sujetas a caprichos políticos. La prueba de que se prioriza la narrativa populista sobre el bienestar ciudadano aparece en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde el subíndice de Tarifas Autorizadas por el Gobierno crece casi al doble de la inflación general. El Estado renuncia a recaudar en gasolinas por su sensibilidad electoral, pero traslada la presión fiscal hacia trámites, derechos, cuotas monopólicas y peajes de autopistas insuficientemente mantenidas. Los mercados internacionales han llegado al límite de su paciencia ante esta dinámica.