En un contexto marcado por la desconfianza generalizada hacia instituciones públicas y medios de comunicación, las empresas emergen como actores con niveles de confianza relativamente sólidos. Según el barómetro Edelman, organización que realiza seguimiento anual de la confianza pública, el 64 por ciento de la población confía en las organizaciones empresariales, cifra que asciende al 78 por ciento cuando se trata del propio empleador. Estos porcentajes superan significativamente la confianza hacia gobiernos (53 por ciento), medios de prensa (54 por ciento) e incluso organizaciones no gubernamentales (58 por ciento). Tradicionalmente, la comunicación corporativa ha enfatizado la importancia del diálogo empresarial, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, expertos como el catedrático Domingo García-Marzá subrayan que la verdadera legitimidad empresarial va más allá de la comunicación efectiva, requiriendo que las organizaciones sometan sus decisiones a procesos de justificación pública mediante el diálogo ético con los grupos interesados. Las empresas albergan en su seno a individuos con trayectorias, valores y perspectivas diversas, pero estas diferencias no necesariamente generan conflicto. Bajo esta óptica, surge el concepto de la empresa como puente social, capaz de facilitar la convivencia entre diferentes sectores de la sociedad. Su función no pretende reemplazar instituciones existentes, sino contribuir, mediante su capacidad organizativa e influencia, a restaurar la confianza colectiva. Esta visión encuentra resonancia en la ética cívica de la filósofa Adela Cortina, quien considera que las organizaciones forman parte del tejido moral social y poseen responsabilidad en la promoción de valores compartidos que posibiliten la democracia. Como mediadora, la empresa debe crear espacios para el diálogo razonable que reconozca las diferencias sin pretender neutralizar conflictos. Para sostener este rol mediador, las organizaciones requieren de un propósito auténtico y genuinamente compartido. Los estudios demuestran que el propósito empresarial funciona como marco normativo que orienta decisiones y refuerza legitimidad social, configurando una infraestructura ética que establece criterios de rendición de cuentas. El propósito define la identidad y presencia de la empresa en la sociedad, siendo legítimo solo cuando se traduce en prácticas que respeten la dignidad humana y contribuyan al bien común. Cuando el propósito es creíble, actúa como elemento aglutinador y facilitador de identidad compartida.
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