La administración argentina decidió el miércoles pasado suprimir de su proyecto legislativo sobre protección de la propiedad privada aquella sección que flexibilizaba las restricciones para que capitales foráneos adquirieran terrenos nacionales. La medida responde a la presión ejercida por los aliados gubernamentales y al rechazo masivo que generó este aspecto de la iniciativa legal, cuyo debate estaba programado para el jueves. Diferentes organizaciones convocaron movilizaciones para el 6 de agosto bajo el lema ‘La patria no se vende’ en respuesta a este capítulo controvertido. Según la normativa vigente, los capitales extranjeros no pueden superar el 15 por ciento de las tierras rurales en ningún nivel administrativo, ni adquirir más de mil hectáreas en zonas de producción agrícola intensiva. El capítulo suprimido proponía eliminar tales limitaciones. Inicialmente, el Gobierno consideró incrementar ese porcentaje al 25 por ciento para personas o empresas foráneas, según reportes de medios como La Nación. Frente a la falta de respaldo político, finalmente optó por retirar completamente esta sección. Investigaciones del Observatorio de Tierras, conformado por académicos de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, revelaron que aproximadamente el 5 por ciento del territorio nacional, más de 13 millones de hectáreas, está en manos de entidades o gobiernos extranjeros. El análisis también identificó situaciones críticas en localidades como Lacar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta, donde la propiedad extranjera supera el 50 por ciento. Conforme a la investigación, Estados Unidos lidera la tenencia con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España.
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