Los mecanismos legales de Schengen impiden la expulsión de España del espacio de libre circulación

Tras la crisis migratoria en Ceuta, Italia ha propuesto la suspensión de España del espacio Schengen, una iniciativa que ha ganado apoyo de otros países europeos como Finlandia y Dinamarca. No obstante, los expertos en derecho europeo coinciden en que tal medida carece de fundamento legal. El espacio Schengen, que comenzó en 1985 como un acuerdo gradual entre países europeos, se consolidó en 1995 cuando Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, España y Portugal eliminaron los controles fronterizos entre sus territorios. Actualmente, este espacio comprende 29 naciones, incluyendo la mayoría de los Estados miembros de la UE más naciones como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, permitiendo la libre circulación de ciudadanos sin inspecciones aduanales. Según la jurista Marie-Laure Basilien-Gainche de la Universidad Lyon 3, los tratados europeos no contemplan mecanismo alguno para expulsar a un Estado del sistema Schengen. Aunque la Primera Ministra italiana Giorgia Meloni ha calificado de impactantes las imágenes de la llegada masiva de migrantes a Ceuta y ha abogado por la suspensión de España, las disposiciones legales no permiten una acción de este calibre. Por el contrario, la normativa Schengen sí autoriza a los Estados miembros a reinstaurar controles fronterizos de manera temporal frente a circunstancias extraordinarias, tales como amenazas graves a la seguridad interna, orden público, terrorismo, crimen organizado o emergencias sanitarias como la pandemia de coronavirus.