Integrantes de la Alianza Nacional de Pensionados se concentraron frente a las instalaciones de Petróleos Mexicanos para manifestar su rechazo a la reforma constitucional que implementó un tope en las pensiones de antiguos directivos de confianza de Pemex, CFE, LyFC, Banobras, Nafin y Bancomext. La protesta, que duró aproximadamente una hora en la zona de Bahía de San Hipólito, reunió a jubilados de las tres principales instituciones energéticas y financieras del país. Antonio Vega, portavoz de la Alianza y pensionado de la CFE, demandó la corrección de una normativa que considera defectuosa desde su origen y pidió al Congreso de la Unión reconocer los derechos consolidados de los jubilados. La reforma entró en vigor en abril del presente año, estableciendo que las pensiones de ex altos mandos no podrían superar la mitad del sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, cifra que inicialmente se fijó en 67,145 pesos mensuales. Sin embargo, hace poco el Consejero Jurídico del Ejecutivo federal, Luis María Alcalde, admitió mediante un documento la existencia de una contradicción legal en la reforma, por lo que el límite se reajustó a 134,290 pesos al mes. Vega enfatizó que dentro del gobierno existe desacuerdo sobre si existe o no un error en la medida. Pidió que los funcionarios lleguen a un consenso considerando la progresividad y mejorando las condiciones de quienes han contribuido al país durante décadas. El vocero también cuestionó que el segundo transitorio del artículo 127 constitucional intente modificar derechos ya consolidados, generando efectos retroactivos que afectan derechos adquiridos. Además, denunció que desde la vigencia de la reforma se han registrado inconsistencias en la aplicación del tope salarial, con casos donde a algunos pensionados se les ha pagado por debajo de lo establecido, llegando a un 33 por ciento de casos con pagos incorrectos.
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