Las autoridades venezolanas confirmaron el lunes que la cifra de víctimas mortales derivadas de los dos terremotos ocurridos el 24 de junio asciende a 3,535 personas, con 16,740 heridos según el balance oficial divulgado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, a través de su cuenta de Telegram. Los movimientos sísmicos, que registraron magnitudes de 7.2 y 7.5 con apenas segundos de diferencia, han dejado aproximadamente 17,854 personas sin vivienda, de las cuales alrededor de 12,800 se encuentran en 80 centros de acogida distribuidos entre Caracas y La Guaira, la región más golpeada por la catástrofe. La Vicepresidencia Social ha estado a cargo de coordinar la atención a los damnificados en estos albergues. Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, ha reafirmado el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad y anunció la creación de una unidad militar especializada para atender emergencias y desastres, respondiendo a las críticas sobre la tardanza en la respuesta gubernamental. Trabajos de excavación se llevaban a cabo el lunes en La Guaira, donde se observaban ataúdes siendo transportados y zanjas siendo preparadas en una zona donde se cuentan cruces blancas que marcan los entierros realizados por las autoridades locales. La Organización Panamericana de la Salud ha brindado asistencia técnica para la gestión de cadáveres, entregando bolsas especializadas, tres contenedores refrigerados en el puerto de La Guaira y dos crematorios en otras zonas. Se prevé la llegada de ayuda internacional próximamente, incluyendo donaciones de Chile con 30,000 dosis de vacuna antidifteria y antitetánica, 15,000 dosis antiparotiditis y sarampión, junto con jeringas y diluyentes. Brasil ha comprometido 100,000 dosis de vacuna contra fiebre amarilla y 250,000 de antirrábica canina. Mauricio Cerpa Calderón, asesor del Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS en Washington, ha alertado sobre los riesgos sanitarios en los albergues transitorios, destacando el hacinamiento, ventilación deficiente, problemas de acceso a agua potable y saneamiento, así como manejo inadecuado de alimentos y residuos como principales preocupaciones para la salud pública.
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