Castillo Madrid asume dirección de Grandes Contribuyentes del SAT con estrategia de fiscalización inteligente

El Congreso de la Unión confirmó a Jennifer Krystel Castillo Madrid en su designación como directora de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, nominada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En su presentación ante la Tercera Comisión de Asuntos Económicos, la funcionaria detalló su programa de trabajo enfocado en optimizar la recaudación federal mediante fiscalización eficiente, transparente y respetando la seguridad jurídica de los contribuyentes. Castillo Madrid destacó que los ingresos tributarios representan el principal sustento del financiamiento público, evidenciando crecimiento continuo sin elevación de tasas impositivas. Durante 2025, la recaudación alcanzó 5.3 billones de pesos, incremento nominal de 396.99 millones respecto a 2024, con variación real de 4.0 por ciento. Hasta marzo de 2026, estos ingresos significaron el 70.8 por ciento del total captado por el sector público. El país cuenta con más de 67 millones de contribuyentes activos, de los cuales 15 mil 644 conforman el segmento de grandes contribuyentes, representando apenas 0.02 por ciento del registro nacional. Sin embargo, este reducido grupo concentra aproximadamente 52 por ciento de la recaudación federal. En su plan presentado ante la Comisión, la funcionaria informó que entre 2023 y 2025 se ejecutaron 2 mil 480 auditorías y revisiones ágiles a grandes contribuyentes, promediando 826 acciones fiscales anuales sobre un padrón de 15 mil 644, lo que significa que solo 6 por ciento ha experimentado algún acto de fiscalización en años recientes. Las futuras actividades de fiscalización se concentrarán en sectores de alto riesgo, incluyendo operaciones de empresas factureras o nomineras, contribuyentes con pérdidas fiscales reiteradas, aquellos que simulen o abusen de deducciones, e ingresos no reportados, evitando auditorías innecesarias o actos molestos infundados. La titular enfatizó que una fiscalización justa y con certidumbre jurídica fortalece las finanzas públicas y constituye requisito esencial para el desarrollo económico y distribución equitativa de riqueza. Reiteró su compromiso de dirigir la dependencia con apego riguroso a la legalidad, eficiencia y certeza jurídica.