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Justicia brasileña condena a Eduardo Bolsonaro por gestiones ante Washington contra su propio país

La corte suprema de Brasil dictaminó este martes una sentencia condenatoria contra el exdiputado Eduardo Bolsonaro por sus acciones dirigidas a obtener presión estadounidense en favor del expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un proceso judicial por intentar perpetuarse en el poder. El tribunal impuso una pena de cuatro años y dos meses en régimen semiabierto para el expolítico de 41 años, quien fue acusado de ejercer coacción contra los magistrados mediante gestiones ante la administración Trump. El expresidente Bolsonaro había sido sentenciado anteriormente a 27 años de cárcel en 2025 por su intento de mantenerse en el cargo tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. El magistrado Alexandre de Moraes, encargado del caso, enfatizó que no corresponde a un legislador brasileño realizar actividades de cabildeo internacional en perjuicio de su propia nación. Cuatro integrantes del tribunal respaldaron los argumentos fiscales, que documentaron cómo Eduardo Bolsonaro amenazó a autoridades judiciales y de otros poderes del Estado, advirtiendo que conseguiría del gobierno estadounidense medidas sancionatorias si el procedimiento judicial no terminaba favorablemente para su padre. Tras cumplir su condena, el exdiputado quedará inhabilitado para ocupar cargos públicos durante ocho años. Los aliados políticos del expresidente reaccionaron cuestionando la sentencia. Sóstenes Cavalcante, principal referente del bolsonarismo en la cámara baja, aseveró mediante redes sociales que esta condena constituye otra prueba de persecución política en el país. El hijo del exmandatario mantuvo contactos con funcionarios de la administración Trump y vinculaciones con redes conservadoras estadounidenses buscando apoyo para su progenitor. Las gestiones inicialmente produjeron resultados cuando Washington implementó aranceles punitivos del 40 por ciento a productos brasileños en 2025, luego de que Trump calificara el juicio contra Bolsonaro como persecución política. Posteriormente, tras un acercamiento diplomático entre Lula y Trump, buena parte de esos aranceles fueron removidos, junto con sanciones financieras que Estados Unidos había aplicado al juez Moraes a instancias de Eduardo Bolsonaro. Desde entonces, las relaciones entre los gobiernos de ambas naciones volvieron a deteriorarse. La administración estadounidense amenazó con aplicar nuevos aranceles del 25 por ciento a productos brasileños, argumentando prácticas comerciales desleales. Además, designó como organizaciones terroristas a los dos mayores grupos criminales brasileños, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho, decisión que fue rechazada por el gobierno de Lula.

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