México enfrenta un escenario preocupante en el que el ingreso por habitante podría contraerse por segundo año consecutivo. De acuerdo con proyecciones de la OCDE, si el Producto Interno Bruto crece apenas 0.8% este año, la cifra de ingreso per cápita registraría una disminución de 0.4%, consolidando una tendencia negativa que iniciaron decisiones políticas de los últimos gobiernos. La cancelación del aeropuerto de Texcoco marcó el punto de partida para una serie de medidas que debilitaron las instituciones y alejaron la inversión privada. A esto se sumaron proyectos de inversión pública con rendimientos sociales negativos, como la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya, el Ferrocarril del Istmo y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuyo carácter deficitario presiona las finanzas públicas. La inyección continua de recursos a PEMEX sin resolver sus problemas estructurales y las restricciones a la inversión privada en el sector eléctrico agravaron la situación, así como la falta de inversión en redes de transmisión y distribución, limitando la disponibilidad de energía a precios competitivos. Sin embargo, el daño más grave proviene de la erosión de los contrapesos institucionales. La eliminación de órganos autónomos como el INAI, IFT y Cofece, junto con cambios en órganos electorales y la reforma judicial que comprometió la independencia del Poder Judicial, han deteriorado significativamente la certeza jurídica y la confianza en instituciones clave para los inversionistas. Los datos reflejan esta crisis: la formación bruta de capital acumula 19 meses consecutivos de caída desde septiembre de 2024. Con una inversión tan deprimida que ni siquiera cubre la depreciación del capital existente, la economía se encamina hacia un deterioro acelerado de su capacidad productiva.
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