Especialistas advierten sobre vulnerabilidades sociales y de seguridad en la organización del Mundial 2026

Académicos de la Universidad Iberoamericana han expresado preocupaciones sustanciales respecto a la capacidad de México para enfrentar los desafíos que conlleva la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el marco de un foro de análisis titulado México 2026. ¿Estamos listos para el Mundial?, los investigadores señalaron la necesidad de evaluar críticamente varios aspectos del evento, incluyendo su impacto económico real, la calidad de las inversiones en infraestructura urbana, la efectividad de los protocolos de seguridad implementados y la prevención de delitos como la explotación sexual infantil. Una de las alertas más preocupantes proviene del Programa de Seguridad Ciudadana de la institución. Ernesto López Portillo, coordinador del programa, ha destacado que organizaciones internacionales como la Fundación Freedom han documentado riesgos significativos de aumento en la explotación sexual de menores durante eventos deportivos de gran escala. Los datos revelados indican que aproximadamente 36 por ciento del turismo sexual infantil perpetrado en México proviene de ciudadanos estadounidenses y canadienses. López Portillo enfatizó que durante torneos de esta magnitud convergen múltiples factores que incrementan la vulnerabilidad de la población infantil, particularmente frente a redes de crimen organizado que podrían capitalizar la afluencia de visitantes internacionales. El académico planteó interrogantes fundamentales sobre las prioridades de seguridad, cuestionando si los esfuerzos protectores se enfocan equitativamente en todos los sectores vulnerables o si existe un desequilibrio entre la protección de asistentes extranjeros y la salvaguarda de menores de edad expuestos a riesgos de trata y explotación. López Portillo describió el esquema de seguridad diseñado como un despliegue masivo que incluye francotiradores, unidades especiales, sistemas de vigilancia avanzada, protecciones cibernéticas contra actos terroristas, cobertura en aeropuertos, rutas de transporte, establecimientos hoteleros, centros de entrenamiento y recintos deportivos. El operativo involucra aproximadamente 99,000 efectivos provenientes de fuerzas armadas, Guardia Nacional, Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, además de empresas de seguridad privada contratadas para el evento.