Querétaro, Qro. La orden ejecutiva 14-157 emitida por Estados Unidos el 20 de enero de 2025, que clasifica a los carteles como organizaciones terroristas foráneas, ha generado respuestas diferenciadas entre empresarios del Bajío respecto a sus políticas de control y cumplimiento normativo, de acuerdo con el informe Perspectivas de la Alta Dirección en México 2026 elaborado por KPMG. El estudio, realizado entre noviembre y diciembre de 2025 con 554 participantes nacionales, reveló que en la región del Bajío 57% de los directivos consultados indicó no haber implementado cambios significativos, cifra superior al promedio nacional de 46 por ciento. No obstante, una proporción importante de empresarios reconoció ajustes en sus operaciones. En el Bajío, 31% señaló haber aumentado sus requisitos regulatorios, porcentaje idéntico al nacional. El 20% de los empresarios bajíos manifestó la implementación de nuevos controles para trabajar con terceros, aunque a nivel país esta cifra alcanza 30 por ciento. Respecto a procedimientos de debida diligencia más rigurosos para identificar clientes y proveedores, 15% en la región los adoptó, mientras que nacionalmente llegó a 28 por ciento. Un 10% en el Bajío decidió interrumpir relaciones con ciertos proveedores o clientes, similar al 9% nacional. Apenas 7% reportó mayores detalles de transacciones a autoridades frente al 8% a nivel país, y 3% admitió sanciones por incumplimiento contra 2% nacional. El estudio destaca que ninguna empresa bajía reportó congelamiento de activos, aunque 2% del país experimentó esta situación. Los analistas de KPMG subrayan que las organizaciones han comenzado a integrar estas restricciones en sus evaluaciones de riesgo empresarial, buscando proteger la integridad de sus cadenas de suministro ante el nuevo marco regulatorio estadounidense.
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