La brecha creciente entre medicina pública y privada en México: capacidades fragmentadas y resultados divergentes

Durante los años ochenta, cuando iniciaba mi formación médica, tuve la fortuna de conocer instituciones como el Instituto Nacional de Cardiología y el Instituto Nacional de la Nutrición. Esos espacios representaban la excelencia académica mexicana: amalgamaban atención clínica, generación de conocimiento y educación médica continua. Personalidades como Ruy Pérez-Tamayo, Donato Alarcón Segovia y Sodi Pallares encabezaban equipos que no solo trataban enfermedades, sino que producían investigación de relevancia global y formaban profesionales de la más alta calidad. En aquella época, el sistema público era indiscutiblemente el líder en medicina académica del país, dotado de liderazgo, visión y capacidad instalada para realizar investigaciones con alcance internacional y proporcionar atención de primer nivel. La medicina privada ocupaba un rol secundario y mucho más limitado. La realidad actual presenta un panorama completamente distinto. México ha experimentado una pérdida considerable de competitividad en investigación biomédica, mientras que el sistema público enfrenta desafíos sin precedentes para mantener los estándares de calidad que la población demanda. Un caso ilustrativo es el tratamiento del infarto agudo de miocardio, responsable de miles de fallecimientos anuales. Hace veinticinco años se estableció internacionalmente que la angioplastia primaria inmediata es el estándar terapéutico, pero en México numerosos pacientes continúan recibiendo intervenciones tardías o menos efectivas. El sistema público soporta presiones continuas derivadas de presupuestos acotados, instalaciones anticuadas y demandas crecientes. Aproximadamente 1,500 hospitales públicos atienden a más de 130 millones de mexicanos, siendo que la mayoría posee entre 100 y 200 camas, cifra insuficiente para las necesidades contemporáneas. El sector privado convive con una problemática diferente pero igualmente significativa. Comprende alrededor de 2,800 hospitales, siendo que 90 por ciento de ellos opera con menos de 25 camas y solamente una minoría supera las 150. Esta dispersión implica bajo volumen de atención por institución, restringiendo tanto la experiencia acumulada como la capacidad para resolver patologías complejas. No obstante, numerosas clínicas privadas aspiran a presentarse como centros de alta especialidad careciendo de la infraestructura, tecnología y sistemas requeridos. Una manifestación frecuente involucra pacientes con cardiopatías graves que necesitan procedimientos de alto riesgo. En tales circunstancias, es habitual trasladar médicos o tecnología desde centros con mayor experiencia, generalmente públicos, hacia hospitales de menor capacidad. Aunque superficialmente parece razonable, la calidad asistencial no depende solamente de la destreza individual del médico, sino de toda una estructura institucional integrada que sostiene la excelencia.